Por Bruno Cortés
El coordinador del grupo parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, presentó una denuncia pública ante la Cámara de Diputados en la que señala una presunta omisión sistemática por parte del oficialismo para combatir a las estructuras del crimen organizado. Moreira sostuvo que las políticas actuales de seguridad se han enfocado más en la protección de perfiles políticos que en el desmantelamiento de grupos delictivos.
Según las cifras presentadas por el legislador, la incidencia de delitos de alto impacto ha mantenido una tendencia que, a su juicio, refleja una inacción operativa por parte de las dependencias federales. Moreira enfatizó que los datos oficiales de incidencia delictiva, al ser contrastados con informes de seguridad nacional, revelan una brecha en la aplicación de la ley.
El diputado argumentó que la estrategia de seguridad actual prioriza el control político y la permanencia en las instituciones de figuras vinculadas a la administración, desatendiendo las zonas del país donde la presencia de grupos armados es predominante. Este enfoque, según el análisis presentado, debilita el Estado de derecho.
La crítica se centra en la falta de resultados concretos en las regiones de mayor conflicto territorial. Moreira instó a que los informes mensuales de seguridad incluyan una evaluación externa e independiente sobre la eficacia de las acciones contra el crimen, una demanda que busca elevar el estándar de transparencia en el Congreso.
Desde una perspectiva técnica, el legislador señaló que el gasto público destinado a seguridad ha crecido, pero el retorno en términos de pacificación es inversamente proporcional. Moreira subrayó la urgencia de reconfigurar la inteligencia civil para interceptar las redes financieras del crimen, en lugar de mantener esquemas ineficientes.
La intervención en San Lázaro también destacó que la protección de funcionarios bajo escrutinio público impide el avance de investigaciones judiciales necesarias. El priista reiteró que, sin una purga de elementos comprometidos con intereses ajenos a la seguridad pública, la estrategia federal carecerá de legitimidad.
Finalmente, el Congreso recibió los señalamientos de Moreira, los cuales serán remitidos a las comisiones de seguridad para su revisión formal. La postura del diputado marca un punto de tensión en la agenda legislativa, exigiendo una revaloración del pacto de seguridad nacional ante los próximos ejercicios presupuestarios.
